De la crisis económica y social que estamos viviendo solo se sale por arriba, como de los laberintos de Marechal, en donde el crecimiento concertado y solidario, transformado en desarrollo, brinde respuestas positivas para bajar los índices de miseria, marginación, exclusión y destrucción del aparato productivo que estamos presenciando en nuestro país.

De esta profunda crisis no se sale interviniendo empresas al manoteo, o inundando el mercado con excesiva emisión monetaria o creyendo que todo se reduce a bajar el gasto publico con sucesivos ajustes. La política de los parches no nos deja ver que tenemos que ordenar el crecimiento y sostenerlo en el tiempo.

Necesitamos comprender y realizar un cambio en el paradigma productivo argentino y pasar de la política de » sustitución de importaciones» a una estrategia alternativa de «valor agregado exportable», ordenando todos nuestros recursos y potencialidades.

Tenemos las herramientas para hacerlo y necesitamos ponerlas a disposición de un nuevo modelo de Estado y de sociedad que nos ayude a crecer.

La proeza transformadora debería realizarse a través de la regionalización de la Argentina, mediante la cual se fijen las ventajas comparativas de las distintas provincias y estableciendo consejos federales para el crecimiento y la justicia social (consejos económicos y sociales), en donde se ordene mediante el consenso sectorial la planificación para fortalecer el crecimiento y transformarlo en desarrollo nacional.

Los constituyentes nacionales incorporamos a la reforma de 1994 la voluntad de la regionalización económica de nuestro país en el artículo 75, que determina que entre las atribuciones de Congreso se encuentra»… el de promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y regiones»; y en el artículo 124, que dice: «… las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines …».

La región debería ser la cara del nuevo Estado, en donde las provincias y la Nación, mediante las potestades originarias, delegadas y concurrentes, transfieran a la región las instrucciones de ordenar el crecimiento conjunto en beneficio de progreso nacional como lo prescribe el artículo 75, en el inciso 18 y 19 de nuestra Constitución.Mediante estos artículos los constituyentes incorporamos la herramienta más efectiva para recrear un estado nuevo, con provincias que se reordenaran en base a similitudes, superando desigualdades relativas, para lograr una economía de escala que haga posible la utilización de la materia prima regional, el empleo de la mano de obra local, la industrialización concertada de los productos, mediante una producción competitiva, rentable y exportable que evite la migración interna y lleve más calidad de vida a sus habitantes.

La Constitución Nacional prevé la descentralización en tres niveles, como base de la democracia del desarrollo; la descentralización política entre la Nación y las provincias; la descentralización económica, con creación las regiones; y la descentralización administrativa local, con los municipios.

Mediante un nuevo «pacto federal» las provincias y la Nación deberían obligarse a aprobar una ley de creación de regionalización de nuestro país, como consta en la mayoría de las Constituciones provinciales, para realizar una reforma del estado que nos permita superar la actual coyuntura

Las nuevas Constituciones provinciales tienen prevista la creación de regiones: Catamarca, artículo 1; Cordoba, art. 16 inc. 2 y 144; Chaco,art. 48;Chubut art. 15 y 99; Formosa, art. 6; Jujuy art. 6; La Pampa, art. 4; La Rioja Neuquén, art. 236; Rio Negro, art. 10; Salta art. 3,inc. 2y8; Santa Cruz art. 47 y 52; Santiago del Estero art. 58; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, art. 1.

La mayoría de los tratadistas nos hablan de seis regiones, con una discusión no saldada para dividir la región patagónica en dos, lo que daría en ese caso un total de siete.

La Región Norte podría comprender las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Catamarca, es decir el NOA ampliado; la Región Centro, Córdoba y Santa Fe, dos provincias mediterráneas; la Región Andina, Mendoza, San Juan, San Luis y la Rioja, cordilleranas con posibilidad de salida a los puertos del Pacifico; la Región Patagónica, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, La Pampa y Tierra del Fuego, provincias de doble frente marítimo y cordillerano ; la Región Litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que representan la unidad mesopotámica; y por último la Región Bonaerense, conformada por la provincia de Buenos Aires más la CABA, que rodean el puerto.

La segunda herramienta, que se encuentra legislada en la mayoría de las constituciones provinciales y en el derecho comparado, seria disponer políticamente y por consenso el funcionamiento los «consejos federales para el crecimiento y la justicia social» o sea los «consejos económicos y sociales» tantas veces prometidos por todos los partidos políticos; respetándose las regiones, mediante consejos federales regionales (seis). Instituciones estas en las que se resolverían por consenso de los distintos sectores de la sociedad las recomendaciones que se enviaran a los gobernadores y a las respectivas legislaturas provinciales que componen una región; y un consejo nacional en donde los representantes regionales resolverán los temas con la Nación, ordenaran el diálogo interregional y comunicaran las recomendaciones al Ejecutivo Nacional o al Parlamento Nacional.

La creación de los consejos federales ayudaría a planificar el crecimiento regional en base a la realidad. Son órganos de asesoramiento y consulta, en donde se escucharían las voces de los actores inmediatos de la sociedad.

Con estas dos herramientas se reorganizaría un nuevo Estado, basado en el consenso sectorial y político, y comenzaríamos a planificar un nuevo pacto social que nos permitiría afrontar la crisis y superarla, además de recuperar el prestigio internacional que necesitamos para atraer la inversión, agilizar el crecimiento y plasmarlo en políticas de Estado, y así rescatar la credibilidad y el tiempo perdido.

Exministro de la Nación y Constituyente Nacional