El grupo de 8 ex secretarios de Energía señalaron ayer que la reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por el Gobierno nacional, que el Congreso se apresta a aprobar hoy, "no debe ser sancionada" porque "no es la política para atraer las inversiones" necesarias para lograr el "autoabastecimiento" y porque "lesiona" los intereses provinciales.
En un comunicado conjunto, los expertos calificaron además de "falaz" el pacto Nación-provincias petroleras y plantearon que permite prórrogas de las actuales concesiones "en forma prácticamente indefinida". Los ex secretarios Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco, todos ellos funcionarios de los sucesivos gobiernos constitucionales desde 1983, consideraron también que "la única estrategia" del oficialismo en la materia son "los recursos no convencionales". "La Ley de Hidrocarburos no debe ser sancionada porque convalida el statu quo decadente de nuestra producción petrolera y gasífera, permitiendo las prórrogas de las actuales concesiones a las petroleras que actualmente las poseen en forma prácticamente indefinida; promueve el capitalismo de amigos; lesiona intereses provinciales y expresa mayorías parlamentarias circunstanciales de mandatos que se agotan", argumentó el nucleamiento.
Para el grupo, esta iniciativa "no es ni el modo, ni la política para atraer las inversiones" que "permitan recuperar el autoabastecimiento energético perdido en ésta década". "El autoabastecimiento no lo va a recuperar la modificación de la ley que se intenta sancionar, sino una nueva política energética" que devuelva "certidumbre y horizontes de largo plazo", analizó el documento firmado por los ocho ex funcionarios. Según su visión, las inversiones necesarias para que esto ocurra "no van a venir a un país" donde prima "la intervención discrecional".
Sobre el debate que la Cámara de Diputados votará hoy, los ex funcionarios fustigaron que "ha seguido un insólito trámite parlamentario express, impropio de la importancia que la misma reviste". En cuanto a la normativa, objetaron que "bajo el pretexto de otorgar nuevas concesiones para la explotación no convencional a quienes ya son titulares de derechos (por 35 años más 10 de prórroga)" y "habilitar nuevas prórrogas en las concesiones no convencionales", los "dueños del negocio petrolero de hoy pueden extender sus derechos en el tiempo sin límite, y sin proceso licitatorio y competitivo de por medio".
También advirtieron que "los actuales titulares de derechos petroleros, YPF en primer lugar, usarán las facultades que les asegura la nueva ley para apropiarse de renta potencial y condicionar la entrada de nuevos actores a lo que se acuerde con ellos, en contratos que, seguramente, van a reproducir la opacidad y el secreto del precedente que fijó el de YPF con Chevron". Además, criticaron que el proyecto "invoca la adjudicación competitiva de derechos" pero "esto queda como expresión de deseos frente al loteo del subsuelo promovido por las nuevas concesiones y por las prórrogas de prórrogas".
"La ley es a todas luces un instrumento incompleto porque no está inscripta en una nueva política energética", concluyeron.

Fuente: http://m.cronista.com/Mobile/nota.html?URI=/contenidos/2014/10/29/noticia_0065.html